ASF detecta irregularidades en obras y programas del Gobierno Federal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una serie de observaciones en la fiscalización de la cuenta Pública 2020, por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que para la construcción de la Torre de control, se adjudicaron contratos con costos mayores, respecto a los adjudicados en la terminal de pasajeros y con mayores porcentajes de suministro al contratista con el precio más elevado.

También indicó que en el frente 2 se hicieron pagos sin que se cuente con la comprobación documental registrada, entre otras anomalías.

Además, en el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, la ASF hizo observaciones por un monto de 59.2 millones de pesos.

En éstas destacan inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados; así como pagos indebidos en las categorías de profesionistas, y pagos en exceso en el concepto de desmonte en zonas de selva.

Aunado a la adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de la celebración de concursos abiertos.

En el caso del Tren Maya, el órgano determinó observaciones por 256.1 millones de pesos, por el pago anticipado de la elaboración de los proyectos ejecutivos considerados a precio alzado.

En el documento entregado a la Cámara de Diputados, Fonatur habría erogado 9 mil 733 millones de pesos de los que no se reportaron 382.3 millones de pesos en la Cuenta Pública.

Sobre el pago de indemnizaciones a los propietarios de las superficies liberadas por derecho de vía, la cual alcanzó un monto de 128.8 millones.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no habría entregado información que justifique el pago por 11.8 millones de pesos.

En el programa de pensión para adultos mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se hizo otros señalamientos.

En este se otorgaron apoyos económicos por 22.6 millones de pesos a beneficios que no presentaron su CURP.

Se señaló que es un requisito indispensable establecido en las Reglas de Operación.

Además, se identificaron pagos por 10.1 millones de pesos a personas que fallecieron antes de recibir los apoyos, lo que habría ocurrido en 2 mil 055 casos.

La Secretaría del Bienestar no acreditó la procedencia del llamado “Pago de Marcha” a beneficiarios, por 10.2 millones.

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