De razones y pasiones-Juicio contra ex presidentes: sin juicio, ni ex presidentes

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el miércoles 19 de mayo la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular que permitirá hacer un ejercicio consultivo para iniciar –presumiblemente- investigaciones contra los ex presidentes de México, y en caso de encontrar pruebas pertinentes, mandarlos a juicio.

En principio, como se ha dicho hasta el cansancio, ni el gobierno ni la Fiscalía necesitan consultar a la población si deben cumplir con lo que la Constitución les mandata. En realidad, el Presidente festina un juicio contra ex presidentes donde no habrá juicio, ni ex presidentes.

Y no lo habrá porque eso no es materia de la consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prestó al juego de López Obrador y ante lo inconstitucional del propósito inicial, intentó enmendar la plana dando su aval para no confrontar al mandatario, pero modificando sustancialmente el cuestionamiento original, cargado obcecación y delirio.

La pregunta que aprobó la Corte dice textualmente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Qué quiso consultar la Corte? Sólo ellos saben.

Las “acciones pertinentes” no significan necesariamente un juicio; “emprender un proceso de esclarecimiento”, tampoco. Menos aún podrían llevarse a cabo sin apego al marco constitucional y legal, el mismo que para iniciar un proceso penal no prevé la realización de ningún tipo de consulta, sino acreditar las conductas delictivas que se imputan.

“Esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados” es demencial. Cada día se toman cientos de decisiones políticas y todas tienen un impacto en la vida económica y social del país. ¿A cuáles años pasados se refiere? A los últimos treinta –los que el Presidente refiere como el periodo neoliberal-, o a los últimos tres. ¿Quién determina la temporalidad del “esclarecimiento”, y con base en qué se decide que sea un periodo de tiempo y no otro?

Y la cereza en el pastel es que las acciones pertinentes y el esclarecimiento de las decisiones políticas recaerán sobre los “actores políticos”. ¿Cuáles? Actores políticos son ex presidentes, ex jefes de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos. ¿Quién decidirá quienes son los actores políticos? ¡Qué locura!

La pregunta es tan osadamente ambigua, que el predecible voto mayoritario a favor del SÍ pondría en predicamentos al propio Marcelo Ebrard y otros personajes de la 4T a causa del colapso de la Línea 12 del Metro.

Todos estaremos de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas a causa del derrumbe de la línea 12. Yo votaré por el SI.

En realidad, nadie será enjuiciado. El artículo 35 establece que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos”, de tal suerte que la ocurrencia presidencial sólo servirá al linchamiento de personajes cuyos nombres ni siquiera aparecerán en la boleta de la consulta.

La ocurrencia nos costará algo así como 890 millones de pesos. Además, seremos el único país en el mundo donde se hace una consulta para saber si el Presidente debe cumplir o no con la Constitución.

La del estribo…

AMLO insiste en que en el país ya no suceden masacres. El sábado, un grupo de sicarios recorrió las calles de Reynosa cazando literalmente a personas en las calles, matando al azar, sin que nada ocurra. Al final del día, ellos también son pueblo; el enemigo es la clase media.