En Busca del Estado Perdido-Tercera llamada: ¿AMLO para muchos años?

La Constitución es el documento fundamental de un país, en ella se plasman los principios que habrán de regir la vida de la nación; por ello nada ni nadie deben de estar por encima de ella, sin importar el tamaño de poder -público o privado- que la pretenda socavar se debe de someter al dictado de la máxima ley.

Como norma fundamental la mexicana, resguarda una serie de fundamentos que nos orientan: derechos humanos, soberanía, división del poder público, federalismo, no reelección, municipio, la vida como valor fundamental, libertad de credo, educación gratuita, por citar algunos. Tan sólo, dice en su artículo 1º, con el hecho de pisar territorio nacional cualquier ser humano se hace acreedor a todos estos derechos que no podrán ser suspendidos o restringidos.

Siempre lo he dicho la nuestra lo es todo, no hay necesidad de acudir a documentos internacionales en busca del derecho que con facilidad encontraremos en ella, con la certeza de que no se podrán modificar en detrimento de los mexicanos, vamos, si la esclavitud está prohibida en México porque así lo dice el texto constitucional, no se puede pretender una reforma constitucional para que la permita debido a que los principios que se enumeran deben de ser tratados con progresividad, lo que significa que los derechos se podrán ampliar pero no disminuir. 

A esos artículos constitucionales se les llaman “Cláusulas Pétreas”, no es otra cosa que el que no podrán -jamás- cambiarse porque de hacerlo se estaría atentando contra la esencia de la de lo que nos une como Nación. Entre los principios inamovibles destacan los que organizan al Estado, división de poderes, derecho del voto, no reelección y el que sin duda da lugar al orden jurídico de la Unión contenido en el artículo 133 llamado de la Supremacía Constitucional, que la sitúa como máximo ordenamiento legal en el país.

Es común que una Constitución reciba ataques, pero también lo es que se tenga un sistema de protección a esta. En nuestro caso, existen varios procedimientos cuya finalidad es el restablecimiento de la constitucionalidad, siendo el más conocido el juicio de Amparo.

Esta semana se hizo del dominio público la reforma judicial impulsada por MORENA en la que se acordó, en un artículo transitorio de una ley de menor jerarquía, la extensión del periodo Presidencial del Ministro Zaldívar por dos años más, contradiciendo el mandato expreso que ordena una duración de 4 años en el cargo, violando la Supremacía Constitucional, pero también agrediendo la voluntad electiva de los Ministros quienes votaron por Zaldívar por un periodo de 4 y no 6 años.

En principio pareciere que, lo que hace el régimen de la 4T es un experimento político para medir la reacción social, recordando el intento de reforma de Baja California que le otorgaba al Gobernador un mandato de más años que por el que fue electo. En aquella ocasión, la Suprema Corte como guardiana del artículo 133 declaró la nulidad de esa enmienda. Hoy se repite el ejercicio, pero ahora recae en el propio Presidente de la Corte quien por cierto no ha salido a posicionarse al respecto.

La Constitución es poderosa, sin duda alguna destruirá la reforma que le contradice -aún hay Ministros serios- sin embargo, la gravedad del tema es que éste atentado a la norma fundamental refleja una insistencia de pretender violar la voluntad de los electores -más que a la propia norma- en una decisión tomada: Dejar más años por los que se elige a un funcionario.

Quizá la tercera será la vencida: Una enmienda que busque alargar el periodo del Presidente de la República. ¿Acaso habrá Peje para rato?

Se avizoran nubarrones y tormentas constitucionales. 

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