¡Fuera cadenas!- ¿Cuándo volveremos a las aulas?

En las universidades se respira una tranquilidad como la que se siente al meditar. Todos los que allí ingresamos lo hacemos con el mismo fin: estudiar. Los profesores, alumnos y personal administrativo ingresamos a las universidades para trabajar todos juntos —como maquinaria de reloj— para generar conocimiento nuevo. Es en las aulas, sus pasillos, jardines y patios donde vamos forjando nuevas ideas para la vida en sociedad, y gran parte de ello se logra gracias al disenso, al intercambio y debate de ideas. Esto, sin duda, es mucho más fácil de lograr si compartimos un espacio físico donde esas actividades se efectúen con tersidad.

Esto me lleva a algo que está pasando en Puebla:  no sea podido respirar esa tranquilidad en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, pues llevan desde el 29 de junio —114 días— tomadas por fuerzas policiacas del gobierno de Puebla, ello en cumplimiento a una orden de un juez de primera instancia de Ciudad de México. Es decir, un juez local de la capital del país ordenó poner en posesión a personas totalmente ajenas al patronato que legítimamente administran a la UDLAP las instalaciones de esa universidad. Las autoridades poblanas argumentan que eso es legal porque ellos —como autoridad del Estado— nombraron a un nuevo patronato y, por ende, ese nuevo patronato es quien por derecho debe poseer las instalaciones de la universidad, lo cual coincide con la determinación hecha por el juez capitalino. Bajo este argumento, los gobiernos de los Estados podrían nombrar nuevos rectores y patronatos administradores de cualquier universidad del país. 

Constitucionalmente hablando es sumamente dudoso que un gobierno se atribuya a sí mismo las facultades que el gobierno de Puebla arguye, tan es así ello que desde el 15 de julio —tan solo 15 días después de la toma realizada por las autoridades del Estado— un juez constitucional federal ordenó restituir las instalaciones de la UDLAP al legítimo patronato. Dicho de otra forma, el juez federal analizó el actuar inconstitucional tanto del juez de Ciudad de México como de las autoridades poblanas y consideró que no era correcto. En contra de esa determinación, las autoridades poblanas interpusieron un recurso que fue resuelto el 18 de octubre por un tribunal colegiado federal. En este recurso, el tribunal determinó que —como lo ordenó el juez constitucional— las instalaciones deben ser restituidas.

Es hora, sin embargo, que ni el juez de la Ciudad de México ni las autoridades poblanas han dado cumplimiento a esa orden aun cuando ya se les ha requerido en seis ocasiones. Incluso, esta misma semana, el juez federal denunció al juez de Ciudad de México por no cumplir con su determinación constitucional. Esta clase de acciones tanto por las autoridades poblanas como por el juez de la capital levantan suspicacias con respecto a qué intereses tendrán ellos en la UDLAP como para ser totalmente omisos en el cumplimiento de las órdenes de los jueces federales. 

A todo esto, quien sale perdiendo es la comunidad universitaria, pues ya van 114 días en los que no se puede tener clases presenciales en esa universidad por la injerencia de las autoridades gubernamentales. Aun cuando las puertas del campus estuvieren abiertas, ¿qué garantías hay para que la vida universitaria se desarrolle con normalidad con la presencia de grupos policiales dentro de la universidad y con el control administrativo de la universidad en manos del gobierno?