¡Fuera cadenas!-El desmantelamiento de la democracia

¡Fuera cadenas!-El desmantelamiento de la democracia

Últimamente he estado reflexionando sobre la democracia y el valor de ésta para incluir dentro del proceso de toma de decisiones políticas a las personas más vulnerables. Veamos, por ejemplo, el sistema de pensiones, el cual fue creado por el Estado con motivo de las exigencias de un determinado grupo social; veamos también la educación pública gratuita o el sistema de salud pública gratuita, que son consecuencia de las exigencias de los grupos económicamente menos favorecidos. Así podríamos analizar muchos derechos de corte social, y de todos ellos podremos identificar al grupo social desfavorecido al cual le debemos el reconocimiento de ese derecho. Esto es, por un lado, está el canal para elevar las exigencias sociales al Estado y, por el otro, están los beneficiarios de esos derechos.

Durante muchos años, he escuchado diversas quejas sobre el “desmantelamiento” del Estado y de la democracia por causa del liberalismo económico o el neoliberalismo. Esas quejas, a decir verdad, no las comprendía hasta hace unos momentos mientras leía a Norberto Bobbio. Él sostiene —y me parece lógico— que el reconocimiento de los derechos de la índole social son resultado de exigencias de los grupos sociales vulnerables a los que se les ha otorgado el derecho a participar en el proceso democrático. En un inicio, sólo los hombres con propiedad podían participar en la democracia, por lo que los primeros derechos que fueron reconocidos por el Estado eran los llamados “burgueses” o protección de la propiedad. Así, al permitírsele a más personas la posibilidad de participar en el proceso democrático, la exigencia de derechos va en aumento. Por tanto, a mayores derechos, más exigencias sociales para que el Estado las satisfaga.

El desmantelamiento del Estado —por las razones que sean— conlleva que el Estado se deshaga de la responsabilidad de satisfacción de las exigencias sociales. Por ahora, se me ocurren los ejemplos de la privatización de algunas funciones del Estado: la asignación a particulares la administración y cuidado de las pensiones de los jubilados, o la asignación a particulares el cuidado de la salud. Esto no solo libera al Estado de tener la responsabilidad de cuidar y proteger esos derechos, sino que también puede tender a deslegitimizar la participación política de los beneficiarios de esos derechos. Si el Estado ya no es el garante de las pensiones, ¿por qué habría de escuchar las exigencias de los pensionados?

Ojo, no abogo por una concentración excesiva de las funciones de satisfacción de derechos sociales en el Estado, sino que la asignación a particulares de esas funciones es dable siempre que no se realice con el propósito perverso de excluir a los grupos sociales más desfavorecidos. A guisa de ejemplo, si se le asigna a un particular la función del Estado de garantizar la salud, creo que debemos fijarnos en las herramientas que no solo permitan a los individuos elevar sus exigencias con respecto al derecho a la salud, sino que éstas también sean escuchadas y garantizadas por el Estado.

Estas reflexiones, como verán, aún son muy escuetas. Solo hasta ahora, al leer a Bobbio, empecé a considerarlas. Al pensar todo esto, recuerdo la crítica a la privatización de las funciones del Estado. Si bien ésta siempre me ha parecido muy burda, pues no suele acompañarse de mayores argumentos, quizás esa crítica al desmantelamiento del Estado y de la democracia no debemos considerarla como una simple objeción a la descentralización del aparato estatal, sino como la crítica a la deslegitimación democrática de los grupos sociales más vulnerables. Al verla así, valoraré con mayor atención esas voces críticas y reflexionaré más sobre ello.

TFA

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