¡Fuera cadenas!-Sencillez

¡Fuera cadenas!-Sencillez

Actualmente curso el doctorado en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encuentro cursando el segundo semestre de ocho totales que tengo para desarrollar una investigación relacionada con la consulta popular. Lo que pretendo demostrar es que ésta no es eficaz como medio de participación ciudadana. En algunas columnas que se han publicado en este mismo espacio he platicado algunas cuestiones relacionadas con la participación ciudadana, y, específicamente, con la consulta popular. 

El lunes pasado, en mi curso de filosofía del derecho, conversábamos sobre la poca claridad que tenemos los abogados en general para expresarnos. El derecho, entendido como la ciencia social que se encarga del estudio de la regulación y desarrollo del Estado, así como de las relaciones jurídicas entre particulares, debe ser algo de fácil entendimiento para cualquier persona. Por tal motivo, los abogados tenemos el deber de facilitar tal cuestión, por lo que debemos de buscar la claridad de nuestra palabra. De ese modo, el profesor Garza Onofre nos encargó a sus alumnos de filosofía del derecho un trabajo final —a mi juicio— muy valioso: explicar en no más de una cuartilla nuestra investigación doctoral y con un lenguaje tan claro que una persona no jurista pueda entenderlo. Yo me propuse hacerlo en un tuit, a ver qué tal me va. De cierta forma —por lo menos algunos comentarios de amigos y amigas mías me lo han hecho saber—, he buscado acercar el derecho a los lectores de esta columna. Mi única intención es explicar de la forma más clara posible algunas cuestiones jurídicas de actualidad en nuestro país.

En seguimiento a esa idea, ahora trataré de explicar de la manera más sencilla posible por qué el juicio de amparo —sí ese “amparo” del que tanto resuena en la idiosincrasia mexicana, pues aquí fue “inventado”— no es un juicio efectivo para proteger derechos fundamentales. Partamos de lo básico: el juicio de amparo fue creado como medio de protección de los derechos frente a los abusos del Estado. Inicialmente, el amparo fue creado para proteger la vida, libertad y derechos patrimoniales, después se consideró que el amparo podría ser usado para proteger derechos sociales, ambientales o de acceso a la salud. 

A mi juicio, el amparo no es una herramienta “socialmente amigable”, sino que éste es tan técnicamente complejo y, tristemente, económicamente oneroso (por los honorarios que cobramos los abogados) que solo personas con suficiente capacidad económica tienen un acceso real a él. Incluso, aun teniendo el acceso a un abogado, no es el común denominador de qué éstos cuenten con las aptitudes y conocimiento necesario para poder desahogar con éxito un procedimiento de amparo. El procedimiento de amparo es demasiado complejo y tardado. Por tal motivo, el amparo se convierte en algo de difícil acceso y de poca efectividad para proteger derechos.

Algunas veces he hecho este mismo comentario entre colegas y, desafortunadamente, el nacionalismo sale a relucir, ya que se cree que el amparo es perfecto tal como está. La realidad es que no es perfecto, sino que requiere ser ajustado para garantizar que sea efectivo en la protección de las personas frente a los abusos de la autoridad —que en este país abundan los atropellos—. Valdría la pena voltear a ver a otros países que ya han adoptado y mejorado el amparo; por ejemplo, Colombia con su acción de tutela (el amparo de ellos) se resuelve en definitiva dentro de los siguientes treinta días en que se promueve (diez ante el juez de primera instancia y veinte ante el tribunal de apelación): algo inimaginable en México. Así pues, creo que el amparo mexicano puede ser mejorado para hacerlo de más fácil acceso y de tramitación mucho más rápida. 

Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y ¡nos leemos la próxima semana!

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