Médicos cubanos sufren condiciones “esclavistas” en misiones extranjeras: ONG

Dos ONG acusaron este viernes al régimen comunista cubano de imponer condiciones “esclavistas” a los médicos que envía a cumplir misiones al extranjero y de castigarlos a ellos y sus familias si se niegan a seguir trabajando en otros países, durante una rueda de prensa en Miami, Florida.

Las asociaciones Prisoners Defenders -española- y Outreach Aid to the Americas (OAA) -estadounidense- denunciaron la explotación sufrida por esos profesionales de la salud, que generan más de ocho mil 500 millones de dólares anuales para el régimen cubano, unos ingresos claves para una economía asfixiada.

Los médicos de las misiones internacionales perciben apenas entre el 5 y el 20% del salario que los gobiernos y empresas extranjeras pagan por ellos al régimen de La Habana, según esas ONG.

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Las autoridades cubanas les impiden, además, viajar con sus diplomas, les retiran el pasaporte al llegar a su país de destino y los tratan como a desertores, cerrándoles las fronteras de Cuba por ocho años, si renuncian a su empleo en el extranjero.

Unas condiciones difíciles que los médicos aceptan a menudo para huir de la pobreza en su país.

“Cuba obliga a sus mejores profesionales a muchas barbaridades”, dijo Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

“Y una de las amenazas con las que los retiene en esas misiones es: ‘si dejas de trabajar en este capitalismo esclavista, te vamos a arrancar a tu mujer, a tus hijos y a tu marido'”, declaró.

Las dos asociaciones lamentaron que más de cinco mil niños están actualmente separados de sus padres, porque a éstos se les prohibió regresar a Cuba durante ocho años tras renunciar a trabajar en las misiones del extranjero.

La médico cubana Idalma Leyva, una de las víctimas de esa ley de los ocho años, denunció su situación por videollamada desde Brasil, donde reside.

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“Yo fui víctima de la esclavitud moderna, de la trata de personas disfrazada bajo la ropa de las misiones médicas”, afirmó.

Según ella, el régimen “no se conformó con esos ocho años” de destierro, sino que presionó a sus familiares para intentar hacerle retomar su trabajo en Brasil.

Prisoners Defenders, con sede en Madrid, y OAA, instalada en Miami, instaron a la comunidad internacional a detener esas prácticas y lanzaron una recogida de firmas para llevar el caso a Naciones Unidas.

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