Retrato Ormeta-Un atento a la democracia. La Consulta Popular

Retrato Ormeta-Un atento a la democracia. La Consulta Popular

Cuando el presidente de la República llamó a una consulta popular para conocer si el pueblo estaba de acuerdo o no con llevar a juicio a los expresidentes por supuestos delitos que cometieron, en lo particular, me puse alegre porque se echaba andar uno de los grandes logros de la participación democrática como lo son las consultas populares. Sin embargo, de una reflexión más profunda me llevé la sorpresa de que este tipo de consulta es una burla para la esencia de esta vía de participación democrática y atenta a los fines para los cuales está hecha la consulta popular.

Primero que nada, debemos decir que las consultas populares son conquistas democráticas de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones. Las consultas populares en su núcleo fueron concebidas para que las personas tuvieran la posibilidad de seguir siendo participes en los acontecimientos de su localidad. Esto es, las consultas populares no fueron una concesión de los gobiernos, sino que fueron producto de luchas y sacrificios multitudinarios para buscar conseguir una herramienta que nos permitiera seguir siendo los principales partícipes en las decisiones trascendentales de su país.

En efecto, las consultas populares son un medio para que los ciudadanos puedan poner temas en el foro público, temas que no se están discutiendo en los foros institucionales por diversas razones. Las consultas populares permiten a la sociedad poner asuntos sobre la mesa que los representantes populares rara vez harían suyos porque pueden llegar a ser asuntos que busquen limitar su poder o ser asuntos contrarios a sus intereses personales. Sí, las consultas populares tienen también como fin ser un mecanismo de control político de las decisiones de gobierno.

No obstante, esta vía democrática de participación debe tener un control constitucional. En efecto, la consulta popular debe respetar a la Constitución porque sólo así puede garantizarse un proceso adecuado de decisión y un respeto a los derechos reconocidos en ella. La consulta popular debe seguir los procesos constitucionales para haya una decisión popular informada y apegada al marco jurídico, pues de no seguirse el proceso constitucional corremos el riesgo que unos cuantos tomen decisiones que amenacen el Estado de Derecho. De ahí que, la consulta popular debe sujetarse al escrutinio constitucional, pues con ello, velamos para que la consulta popular no se vuelva una amenaza a los derechos humanos ni al orden jurídico vigente. 

Ahora bien, la consulta convocada por el presidente de la República es una burla al origen y fines de las consultas populares porque esta consulta presidencial está siendo utilizada para validar un tema de la agenda pública del mismo presidente. Así es, el principal preocupado por llevar a juicio o no a expresidentes es el inquilino de Palacio Nacional que sólo quiere conocer la voluntad popular para trasladar la responsabilidad política a los participantes de la consulta. Esto es, el poder político quiere “lavarse las manos” respecto a llevar a juicio o no a antiguos mandatarios presidenciales a través de una consulta popular que aparenta dar respuesta a la agenda pública de los ciudadanos, pero no es así.

Peor aún, la consulta no busca ser un medio para sujetar al control político porque epistémicamente y constitucionalmente le resulta imposible. En efecto, como mencionamos las consultas populares deben sujetarse a un escrutinio constitucional para no vulnerar derechos humanos y en este caso, la consulta popular busca someter a consideración si hay o no justicia, si se debe investigar o no supuestos delitos de los expresidentes. Cuando el derecho al acceso a la justicia y la investigación de los delitos no pueden estar sujetos a ningún tipo de consulta porque son valores y funciones muy fundamentales del Estado.

Omerta: Mientras siguen desfilando los suspirantes por la candidatura presidencial por el partido MORENA para el 2024, se les olvida que su partido aún tiene pendientes resoluciones judiciales de las elecciones de 2021. Así, algunos ya están en el 2024, cuando aún no se resuelve el 2021.

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