¡Fuera cadenas!-Política pública constitucional

En México, las personas elegimos libremente en las urnas cada tres años a personas que nos representarán en las posiciones de poder. Ellos serán quienes ejerzan las funciones gubernamentales necesarias para llevar a cabo el proyecto político-público que le prometieron a la ciudadanía. Como bien sabemos, muchas veces cambiamos de proyecto cada tres o seis años, según sea el caso. Ello suele ser así porque nosotros, como ciudadanos, no nos sentimos convencidos por la forma en que ejercen el poder aquellos que lo ocupan al momento de celebrarse las elecciones.

Cada grupo político tiene su propio proyecto para la nación: algunos considerarán más importante apoyar a algunos grupos sociales históricamente marginados o excluidos; otros, apoyar a grupos empresariales con la finalidad de crear mayores empleos y derrama económica. Cada una de esas visiones políticas, al ejercerse desde las posiciones del poder, deben encontrarse adecuadamente reguladas por un andamiaje jurídico.

Nuestro país tiene la mala costumbre, a mi juicio, de regular prácticamente todas las políticas públicas en la Constitución. La Constitución, a mi juicio, debe contener únicamente los principios atinentes al tipo de Estado y forma de gobierno. Por ejemplo, en una democracia habrán de existir mecanismos para proteger derechos individuales y colectivos, así como garantizar la división del poder político para evitar que una sola persona se arroje demasiadas atribuciones. Ya las políticas públicas habrán de ser reguladas en normas infraconstitucionales.

Como lo dije, en México hemos adoptado el proceso político de constitucionalizar toda aquella política pública que el gobierno en turno estima necesaria para llevar a cabo las acciones tendientes a cumplir con el proyecto de nación. Por ejemplo, el sexenio pasado, se creyó necesario modificar el régimen económico y empresarial en el sector energético. El gobierno actual, considera que ese régimen no está de acuerdo con su proyecto de nación. Incluso, hace poco hubo una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, cuyas modificaciones tienden a cumplir con la visión que este gobierno tiene. Como lo hemos visto, un vasto número de empresas afectadas han promovido sus amparos en contra de esa reforma y, por lo visto, sí es factible que se determine la inconstitucionalidad de la reforma.

¿Por qué declararían la inconstitucionaldiad de las reformas?, pues porque la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma constitucional del sexenio pasado no están alineadas. Por ende, lo que el presidente ha manifestado es que, en todo caso, presentará una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la política pública en materia energética que quedó en la Constitución desde el sexenio pasado.

Esto no nos debe sorprender, es una práctica constitucional mexicana que viene desde el siglo pasado. Gobiernos sociales y gobiernos neoliberales lo han hecho y, si bien no me parece lo técnicamente correcto, así es como se ha desarrollado.