Transitorios-La ley de la selva

Cuando el estado de derecho fracasa, predomina la ley de la selva. Hemos dicho que el Estado tiene por finalidad garantizar la seguridad de sus habitantes, ofrecer un marco jurídico que permita una convivencia armónica y facilite el desarrollo, y si es con justicia aún mejor. Para eso se requiere que aquellos a los que les ha tocado la noble labor de procurar justicia, sean los primeros en respetar las instituciones jurídicas fundamentales del país.

En esta actividad de la mayor importancia deben estar al frente los miembros más destacados de la sociedad y los profesionales más capaces que nuestra nación tenga. Deben desempeñar esos cargos las personas idóneas para garantizar imparcialidad, aplicación de la ley y seguridad en la procuración de Justicia, dentro de un marco de ética y de derecho previamente establecido y generado por los procedimientos constitucionales que el propio estado se haya dado para salvaguardar su soberanía y los valores del pueblo mexicano.

Cuando esto no sucede, la incapacidad de los funcionarios encargados de procurar y administrar justicia queda en entredicho y pone en riesgo no sólo esa función fundamental del Estado, sino la viabilidad de todas las instituciones que tienen a su cargo garantizar la legalidad, como la buena fe y la lealtad que, por mandato de ley, deben normar la conducta de estos altos funcionarios en sus actividades.

Cuando existen graves violaciones desde el interior de las instituciones de procuración y administración de Justicia, y la fuerza del Estado es utilizada para satisfacer ambiciones personales, venganzas privadas y conductas tendientes a la apropiación de bienes ajenos en beneficio de personas sin derecho ni merito alguno, generan además de un escándalo, la violación a los principios básicos de legalidad y ética qué podemos esperar de aquellos que tienen por objeto procurar y administrar justicia.

Esa conducta irresponsable lleva implícita la corrupción; la corrupción que marca a los aparatos de procuración de justicia fundamentales del país, la corrupción como lado oscuro del poder. La ley de la selva quiere decir que la voluntad del más fuerte y poderoso predomina, aún en contra de toda la estructura legal, institucional y jurídica de un país.

El problema es que el Estado de derecho y el imperio de la Ley, están directamente asociados a nuestra incapacidad para reaccionar rápido ante atropellos y conductas graves que atentan contra lo más importante del pacto social, qué es servir con lealtad y legalidad, fuera de eso, ningún tipo de institución funciona, ningún tipo de política pública tendrá éxito.

Hemos repetido hasta el cansancio que en México no existe un estado de derecho, que la justicia se materializa de acuerdo a la buena o mala digestión de quienes tienen la función de procurarla, pero no importa cuantas veces lo debemos repetir, volveremos a insistir, que sin seguridad jurídica, sin una conducta ética y leal de las principales autoridades encargadas de procurar justicia, el estado es absolutamente innecesario porque su función fundamental es brindar esa seguridad, esa certeza que necesitan todos sus ciudadanos.

Es triste ver como el esfuerzo de muchas mexicanas y mexicanos que han dedicado su vida por la procuración e impartición de Justicia, por mejorar la seguridad, y la eficiencia de los ministerios públicos y las policías, los jueces y magistrados, se vayan como un jarro de agua tirada al mar. No permitamos que estas conductas incendian nuestras instituciones, porque tenemos otras y no queremos que las prácticas corruptas estigmaticen y atenten contra la dignidad de muchos ciudadanos honorables. El riesgo de un incendio es muy grande y no debemos permitirlo.