De razones y pasiones- El Acuerdo por la Democracia, un pacto de familia en Veracruz

Hasta ahora, el gobierno de Veracruz había caminado en medio de un cementerio sin mirar una sola lápida, hasta que el propio Presidente de la República alertó de la intervención de la delincuencia organizada en el actual proceso electoral, particularmente en siete estados, entre ellos Veracruz.

Luego de que el Presidente convocara a un Acuerdo Nacional de la Democracia para que las autoridades de todos los niveles no intervengan en el proceso electoral y eviten que el crimen organizado imponga candidatos y financie campañas, el gobierno de Veracruz convocó a uno propio.

Sin embargo, el Acuerdo en la aldea nació muerto a causa de un clima de violencia que ha cobrado la vida de dos alcaldesas, un diputado local y un puñado de aspirantes que buscaban postularse a un cargo de elección, sin contar la persecución política de funcionarios públicos de administraciones pasadas. Veracruz es la entidad del país con más violencia política en el actual proceso electoral.

Según el informe “Violencia Política en México Septiembre 2020-Febrero 2021” -publicado por Integralia Consultores, la empresa de consultoría encabezada por el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde-, hasta ahora se han registrado 16 eventos de violencia política en Veracruz, con un saldo de 8 personas asesinadas y un número igual de heridos. Sin embargo, para el gobierno la seguridad está garantizada.

En el Acuerdo propuesto el lunes pasado por el Gobernador no hay disposición alguna que garantice que personajes ligados a la delincuencia organizada no se convertirán en candidatos de los partidos políticos, que evite que muchos aspirantes con posibilidades de triunfo tengan que renunciar por las amenazas proferidas por grupos de delincuentes o que el dinero de los cárteles sirva para financiar campañas, colocar presidentes municipales, y después, hacerse de las policías municipales y áreas estratégicas de los Ayuntamientos.

Durante la sesión de instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) que marcó el inicio del proceso electoral en el estado, el Presidente del partido político estatal Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González, lo advirtió: es el momento de cerrar el paso a la delincuencia y a la corrupción.

El 16 de diciembre, ante consejeros electorales y representantes de los partidos políticos hizo una radiografía de lo que ha pasado en los últimos años en Veracruz. “No podemos postular candidatos hoy para desconocerlos mañana como autoridades, cuando representen los intereses más oscuros que atentan contra la paz y la seguridad de los veracruzanos. No hay deslinde que repare el daño que podemos causar a la sociedad. No podemos impulsar candidaturas para ganar votos a cualquier precio.” Gobierno y partidos políticos, inmiscuidos en la lucha por amarrar candidatos, ni se inmutaron.

Los acuerdos de por lo menos los últimos cuatro gobernadores con cárteles son vox populi. Uno de ellos incluso, ante la queja de alcaldes que eran amenazados por los delincuentes, sugería que no se metieran en problemas y pactaran con ellos. El sur de Veracruz se convirtió en un infierno que sigue lanzando llamaradas.

La convocatoria sólo trata de cumplir con la instrucción enviada desde Palacio Nacional. Pero al menos en Veracruz, la crispación entre el gobierno y los principales partidos políticos provocará que el Acuerdo se firme sólo con Morena, los partidos y presidentes municipales aliados, además de los titulares de los poderes impuestos por ellos, es decir, en la intimidad de “la familia”.

La del estribo…

Resulta que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien tiene tan ofendido al Presidente por decretar la suspensión de la reforma eléctrica, hace algunos meses negó amparos interpuestos para impedir la consulta sobre el NAICM y la eliminación del Estado Mayor Presidencial, algo que el Presidente agradeció con su silencio.