¡Fuera Cadenas!-Cuando se solapa la inconstitucionalidad

Vaya semana que hemos vivido en términos constitucionales. Mucho debate se ha generado en relación con la ampliación del cargo del ministro Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… y con vasta razón.

El representante del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes de la unión, es el ministro presidente de la Suprema Corte. Él, quien debe ser elegido cada cuatro años, no solo dirige los debates en la Corte, sino que es el primer encargado de velar por la independencia judicial. Es él primer obligado en proteger la integridad de la judicatura frente al ejecutivo o cualquier otro poder ajeno.

Estamos viviendo actualmente el interés del legislador y del ejecutivo en incidir en la forma en que la judicatura debe desarrollar sus funciones. El 11 de marzo de este año, se publicó una reforma constitucional al funcionamiento del Poder Judicial Federal. Para la implementación adecuada de esa reforma, se requiere de una regulación en leyes secundarias. En una de esas leyes secundarias, mediante un artículo transitorio, se pretende ampliar por dos años más la presidencia del actual ministro presidente de la Corte.

La ampliación de la presidencia del ministro presidente conlleva el interés de incidir en la forma en que el Judicial debe actuar. Así lo dijo el mismo presidente López Obrador: el ministro Zaldívar debe seguir como presidente de la Corte para que la reforma al Poder Judicial sea una realidad, pues, en su opinión, de nombrarse un nuevo presidente de la Corte, ellos estarían al “servicio de las mafias del poder político y económico”; él cree que Zaldívar ayudará a “moralizar” al Judicial. Si no consideramos esto como una incidencia en la forma en que debe actuar el Judicial, entonces no sé qué lo será. Prácticamente el ejecutivo cree que Zaldívar debe continuar para realizar funciones que se ajusten a la renovación moral que el presidente del ejecutivo considera adecuada.

Se han visto opiniones en contra de esta ampliación por parte de consejeros del Consejo de la Judicatura y magistrados, así como posicionamientos de diversos colegios de abogados en contra de tal ampliación. Sin embargo, es de llamar la atención el silencio del ministro Zaldívar sobre este tema. He leído quienes dicen que tal silencio está bien porque, en su parecer, actuar de otra forma podría generar un motivo de impedimento del ministro para conocer de la eventual acción de inconstitucionalidad (la Corte es quien debería resolverla) que podría promoverse en contra de tal transitorio. Yo creo que, independientemente de que el se pronuncie o no, estaría impedido para conocer sobre un asunto cuya decisión incidiría en sus propios intereses. Esto es, no hay razón legítima para que el ministro presidente guarde silencio en este momento… al fin y al cabo, él debería ser el primer defensor de la independencia judicial.

Hace varias entregas, yo señalaba que un judicial independiente es un elemento necesario para un Estado democrático. En el caso, se está atentando contra ese principio y el primer obligado en velar por su defensa se ha mantenido en silencio. Ese silencio solapa la inconstitucionalidad anunciada tanto por el legislador como por el ejecutivo. Tal pareciere que la defensa de la independencia judicial queda en manos de nosotros los individuos, de nosotros los que eventualmente nos sometemos a la jurisdicción de esos tribunales a los que se pretende transgredir su independencia.