Examinan plan de Biden para reducir la deuda estudiantil

Examinan plan de Biden para reducir la deuda estudiantil

La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes una medida de Joe Biden para anular parte de la colosal deuda estudiantil, un asunto con grandes implicaciones económicas y de alto riesgo para el presidente demócrata. Los nueve magistrados interrogarán a los representantes de la administración que quieren aligerar las deudas contraídas por millones de estudiantes. Sus detractores lo consideran un abuso de poder de altísimo coste.

La sentencia, que se espera antes del 30 de junio, tendrá un impacto directo en las finanzas de los exestudiantes. Pero la corte, de mayoría conservadora, podría aprovechar para limitar el margen de maniobra del presidente Biden. Casi 43 millones de estadunidenses tienen que reembolsar préstamos estudiantiles federales por un monto total de 1.6 billones de dólares.

Al comienzo de la pandemia, el gobierno del presidente republicano Donald Trump suspendió el reembolso de esos créditos debido a la parálisis económica. Lo hizo gracias a una ley de 2003 que permite “aliviar” a los tenedores de deuda estudiantil en caso de “emergencia nacional”.  La medida ha seguido vigente hasta ahora. 

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A finales de agosto, el presidente Biden, que se describe como un defensor de los obreros y la clase media, quiso dar un paso más y anunció que condonaría 10 mil dólares a aquellos que ganen menos de 125 mil dólares al año, y 20 mil dólares a los antiguos becarios. Como era de esperarse no faltaron candidatos. La Casa Blanca contabiliza 26 millones de solicitudes, lo que equivale a una factura total para el Estado de 400 mil millones de dólares.

La justicia bloqueó la aplicación de la medida después de ser denunciada por una coalición de estados republicanos, pero también por dos estudiantes que no pueden acogerse al descuento de 20 mil dólares. 

Acusan a la administración demócrata de haberse excedido en sus facultades con el pretexto de la pandemia y de haber destinado dinero de los contribuyentes sin consultar al Congreso. Alegan que la ley de 2003 prevé el posible congelamiento de la deuda, no su cancelación.

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