¡Fuera cadenas! -¿En dónde está el problema?

Nuestra Constitución, como carta a Santa Clos, lista diversos derechos que cada uno de nosotros y nosotras tenemos: el derecho a la vida digna, de acceso a un medio ambiente sano, acceso a la salud (tan importante en estos días), seguridad jurídica, entre otros. A efecto de garantizar todos estos derechos, la misma Constitución creó diversas instituciones (entes gubernamentales) y los dotó con competencias para que esos derechos sean una realidad. Por ejemplo, existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual garantiza el acceso a la salud, las procuradurías ambientales cuya finalidad es cuidar que las leyes en materia ambiental sean cumplidas, las fiscalías de justicia y los tribunales para garantizar el Estado de Derecho. Esto es, todo derecho trae consigo una institución que tienda a hacerlo efectivo.

Ahora, hay casos en los que el trabajo de las instituciones no empata con los deberes delineados por la Constitución; esto es, existe una especie de distorsión constitucional entre lo que pasa y el deber ser. Algunas veces, ello acontece porque los objetivos delineados por la Constitución están demasiado avanzados para nuestra realidad, sin embargo, aun en ese supuesto, las instituciones están obligadas a realizar actividades tendientes a alcanzar esos objetivos progresivamente. Mientras el cumplimiento a esos objetivos sea así, está bien. El problema, no obstante, acontece cuando las instituciones desvían sus facultades para cumplir con caprichos personales.

El diseño actual sistema de justicia penal hace mucho más fácil la sujeción a proceso e imposición de prisión preventiva a inocentes. Probablemente éste no era el objetivo principal de ese sistema de justicia, sin embargo, así se ha convertido porque las entidades de procuración de justicia —quienes son las encargadas de que investigar la comisión de ilícitos— ejercen sus funciones para extorsionar y los jueces —quienes son encargados que la seguridad jurídica sea una realidad— condicionan el cumplimiento de su deber al pago de una contraprestación. Aun cuando el sistema de justicia penal actual fue pensado para garantizar la seguridad jurídica en material penal, éste fue cooptado y ahora es empleado por quienes buscan en él un negocio ilícito mediante la extorsión.

Las autoridades ambientales, por su parte, no cantan malas rancheras. En diversas ocasiones se ha sabido de autorizaciones de proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, incluso de casos en los que se imponen sanciones económicas o administrativas a personas y después, inexplicadamente, se sabe que esas sanciones han sido revocadas o perdonadas por la misma autoridad ambiental. La legislación, no obstante, ahí está precisamente para velar por el medio ambiente, pero las autoridades son quienes fallan en su intento de cumplir con los postulados constitucionales y legales.

Debido a la pandemia del coronavirus, han salido muchas notas periodísticas que ponen dedo en la supuesta venta de camas para la atención a personas con la enfermedad causada por ese virus. Incluso, se han hecho noticias relativas a la desaparición misteriosa de medicamentos que ayudar a proteger contra el virus del COVID-19. Si bien tenemos instituciones que procuran cuidar de nuestra salud, las personas que las atienden velar por sus propios intereses y no del colectivo. 

Nuestro marco jurídico es extremadamente amplio, regula muchísimas relaciones con tal de garantizar los derechos constitucionales. Quizás es tan amplio como lo es el desvío del poder ejercido por las instituciones públicas: ¡hasta tenemos todo un sistema nacional anticorrupción!, y por si fuere poco: no se han sabido de casos de éxito de ese susodicho sistema. Como país, tenemos la creencia que la inclusión de más leyes y reglas solucionarán los problemas, cuando el problema en realidad viene desde la calidad de personas que ocupan y ejercen los cargos públicos.

A la siguiente ocasión que escuchemos o leamos la propuesta para reformar alguna legislación o la propia Constitución para incluir nuevos derechos, delinear éstos o, en su caso, modificar la estructura orgánica del Estado, debemos preguntarnos: ¿en verdad eso nos va a ayudar? Francamente, no creo que la solución esté allí, sino que debemos voltear a ver otros lugares que requieren de nuestra atención para erradicar del mal que significa el desvío del poder y su corrupción.