¡Fuera cadenas!- Juro guardar mis intereses

Es muy triste ver la decadencia de las instituciones que fueron creadas con la finalidad de garantizar el Estado de Derecho. Presidencias, gobiernos estatales, fiscales, jueces y alcaldes que están al servicio de sus propios intereses, cuando estos debieren estar al servicio del interés colectivo. El desvío de las funciones públicas de las instituciones causa desorden y esta condición es óptima para la impunidad. La impunidad, a su vez, tiene un doble componente: por un lado, el actuar delictivo de particulares y, por otro, la corrupción de quienes ostentan el poder.

Ante un escenario de esta naturaleza, los ciudadanos nos perdemos en una guerra donde la ley del más fuerte —sea física, política o económicamente— se impone. Los fiscales que utilizan las instituciones de procuración de justicia para extorsionar a particulares mientras que los grupos criminales no institucionalizados hacen lo propio, dejan a los particulares en total abandono y a expensas de su propia suerte. Este escenario —en el cual los ciudadanos no sabemos a qué atenernos— es todo lo contrario al ideal de un Estado de Derecho.

El Estado de Derecho conlleva el respeto al orden constitucional y legal que impera en un país en particular. Si la Constitución señala que la fiscalía debe investigar delitos, no es factible que el titular de esa institución sostenga que las denuncias deben venir junto con las pruebas necesarias para demostrar tanto la comisión del delito como a los probables responsables; mucho menos debe emplearse la institución para que el fiscal se allegue de más recursos en lo personal. Si la Constitución señala que el tribunal electoral debe sancionar la nulidad de procesos electorales donde se haya violado alguna regla, no es factible que éste actúe conforme a los intereses del gobierno en turno; mucho menos que éste pacte el sentido de sus resoluciones con los partidos políticos. Si la Constitución señala que los gobiernos estatales deben administrar los recursos que reciben para garantizar la prestación de determinados servicios públicos, no es factible que los gobernadores dilapiden esos recursos para hacerse de su propia fortuna; menos aún que realicen ataques sistemáticos contra algún particular para apoderarse de sus recursos.

No obstante, hoy tenemos en nuestro país una infinidad de servidores “públicos” (privados) que no observan el cumplimiento de sus funciones constitucionales, y, en lugar de ello, simplemente vigilan el adecuado desarrollo y cuidado de sus intereses privados. Evidentemente, hay algunos funcionarios que sí merecen ser reconocidos, aunque, a decir verdad, estos no son los más. Hoy tenemos instituciones dirigidas por engendros de funcionarios a los que poco les importa el interés social: tal pareciere que, al tomar posesión de su encargo, protestan “juro guardar mis intereses”. Esto, evidentemente, causa que esas instituciones pierdan el rumbo constitucional que les ha sido trazado. 

También debemos reconocer que nosotros, como sociedad, somos muy poco exigentes. Por ejemplo, volteemos a ver a otras latitudes y el rechazo que genera entre la sociedad el que algo o alguien no funcione en beneficio de la colectividad. Veamos a los diversos funcionarios de ministerios de salud que han renunciado en el último año por no seguir las reglas sanitarias, o a los funcionarios que renuncian por escándalos sexuales (véase a Cuomo), o a los diversos fiscales que han renunciado por su inhabilidad en cumplir con sus deberes básicos, o incluso el rechazo de un régimen constitucional para formar uno nuevo… la gran parte de estos ejemplos son efecto de la presión generada por la sociedad. En cambio, en México no solemos ver esa clase de demostraciones públicas; quizás valdría la pena empezar a levantar la voz contra todo aquello que no nos beneficie como colectividad.