¡Fuera cadenas!-Mariana y la libertad de expresión

La sanción que le impuso el INE a Mariana Rodríguez Cantú y a Samuel García me parece excesiva, ésta transgrede injustificadamente la libertad de expresión de Mariana. Creo que, por lo menos en este caso en particular, hay ciertos hechos que no pueden pasar desapercibidos, los cuales generan la duda legítima sobre si ella publicaba historias de su esposo en redes sociales en su faceta como cónyuge de Samuel o como la empresaria que es (influencer).

El INE considera que todo lo que publica Mariana en redes sociales está relacionado con su giro empresarial, pues ésta es influencer en redes sociales. Esto es, si Mariana publicó una historia en Instagram en la que nos mostró sus tenis fosfo-fosfo, entonces tal historia en realidad es un acto de comunicación empresarial. Es decir, Mariana ya no puede expresarse libremente en sus redes sociales porque, según el INE, su actividad como empresaria le arrancó todo su carácter de persona, por lo que no le es dable emitir opiniones ni juicios personales ni expresar libremente su personalidad. La resolución del INE tiene por efecto que Mariana no pueda expresar libremente cuestiones sobre su vida personal, tal como sería lo que hace con su esposo.

Ahora, veamos algunos hechos que, a mi parecer, deben ser valorados para definir si la imposición de la sanción por parte del INE en contra de Mariana es razonable. Por un lado, sí es indudable que Mariana se dedica a ser influencer en redes sociales, eso quiere decir que ella lucra con la comunicación de algunas ideas, marcas o imágenes en sus redes. No obstante, no podemos ignorar que Mariana también es una persona común, como cualquiera de nosotros: tiene gustos personales, tiene familia, tiene un esposo y, podría ser el caso que tenga algún día tenga hijos. Así, como cualquier persona, publicará en sus historias de redes sociales imágenes relacionadas con su vida común. 

Teniéndose en cuenta lo que acabo de señalar, me parece que existe una duda bastante razonable con respecto a si todas las historias que publica Mariana en sus redes sociales son en ejercicio de su actividad empresarial o, en su caso, como una persona cualquiera. Me queda claro que publicaba historias con su esposo cuando éste era candidato a la gubernatura de Nuevo León, sin embargo, recordemos que Mariana, como esposa de Samuel, muy seguramente quería expresar su apoyo, orgullo o cualquier otro sentimiento que tenía a favor de Samuel. Esto es, entre parejas amorosas, lo más probable es que muestren su apoyo y orgullo uno a otro; quizás unos lo harán en mayor o menor medida, pero lo común es eso: apoyarse mutuamente. 

Con todo esto, lo que quiero decir es que, dadas las circunstancias del caso, no me queda claro si Mariana en realidad la hizo de influencer o si sus historias fueron motivadas por su deseo de expresar su vida con Samuel. Esta duda es suficiente para considerar como irrazonable la sanción que el INE les impuso a Mariana y a Samuel. Las restricciones a la libertad de expresión deben estar adecuadamente justificadas; si en este caso se hubiere demostrado que el matrimonio entre Mariana y Samuel fue realizado con el único fin de propulsar la imagen y candidatura de este último, otro cuento sería; sin embargo, la sanción se basa en conjeturas poco claras.

Si no se sanciona a Mariana y Samuel, no creo que lleguemos el extremo libertinaje de que los influencers ahora puedan hacer proselitismo político sin restricción alguna. Los casos de restricciones a la libertad de expresión deben ser analizados en lo individual y de acuerdo con los hechos que lo rodeen. En este caso, insisto, creo que los hechos dan para señalar la desproporcionalidad en la sanción; de ahí que no podamos poner en la misma bolsa este caso y la descarada actuación de decenas de influencers que salieron a expresar su apoyo al Partido Verde el mismo día de la elección del pasado seis de junio.

La libertad de expresión, como ya lo he señalado en varias semanas, es el derecho más importante que existe en una democracia. Debemos ver con muchísimo recelo cualquier actuación por parte del Estado que tienda a restringirla, pues, podría ser el caso, que un día el Estado trate de justificar callar voces que legítimamente pretenden criticar y ofrecer soluciones nuevas a los problemas que nos rodean.