Dictan suspensión indefinida a decreto que transfiere control de GN a la Sedena

Este lunes, Karla María Macías Lovera, jueza novena de Distrito en Guanajuato dictó suspensión de manera indefinida el decreto que trasfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Único. Se concede la suspensión definitiva. Sin necesidad de otorgar garantía”, determinó la juzgadora a través de un acuerdo publicado este lunes en el Consejo de la Judicatura Federal.

La medida fue concedida a Ángel Castro Gómez, representante de Uniendo Caminos México, organización que interpuso un amparo para frenar el decreto, por lo cual, la jueza también ordenó que el cuerpo civil continúe al mando de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, señala el documento.

Asimismo, la resolución ordena que las secretarías implicadas suspendan inmediatamente la trasferencia de los recursos presupuestarios, financieros y materiales que establecía el decreto promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades tienen tres días como plazo para que se cumpla con lo ordenado, los cuales comienzan a partir del siguiente día de ser notificados, en caso de no seguir las indicaciones, podrían ser multados con nueve mil 622 pesos o permanecer en prisión hasta nueve años.

Cabe señalar, que Uniendo Caminos México argumentó en la demanda de amparo, que al establecer que la Guardia Nacional esté bajo el mando militar de la Sedena se inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como lo es la libertad personal porque los militares no cuentan con la formación para ejercer labores en materia de seguridad pública.

Tras ello, Macías Lovera, confirmó que el cumplimiento del decreto sólo amedrenta los derechos alegados por la organización, ya que la Sedena utiliza un uso de la fuerza, armamento y equipo distinto al que emplean las corporaciones civiles en tareas de seguridad, según el expediente 1161/2021.

“Existe una prohibición de normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad ciudadana”, objetó la jueza al recordar que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad serán de carácter civil.

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Tras ello el próximo 7 de noviembre se llevará a cabo la audiencia constitucional del caso.

Es importante resaltar, que esta no es la única organización que ha interpuesto un amparo en contra del decreto que, también, es apoyado por los legisladores de Morena, pues Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país, la firma jurídica AC&AC Asociados y Tojil Eeek han promovido alrededor de 53 amparos.

CAL