¡Fuera cadenas!-La crisis constitucional peruana

En diversas ocasiones aquí les he señalado la importancia de cuidar de la democracia, que ésta es tan frágil como el diseño de sus instituciones lo permitan. En algunas columnas, les he platicado sobre los problemas que tiene el presidencialismo en comparación con el parlamentarismo. Uno de los mayores beneficios del parlamentarismo es que el gobierno se forma con los consensos que se logren en el parlamento, por lo que así se podría garantizar mayor gobernabilidad. En cambio, en el presidencialismo, el gobierno es electo directamente por la ciudadanía y éste estará en su encargo durante un tiempo preestablecido; existirán problemas de gobernabilidad cuando no coincida la mayoría parlamentaria con la afinidad política del ejecutivo.

Perú es un Estado presidencialista con algunos elementos de la democracia parlamentaria. Según la Constitución peruana, el presidente de la república es electo por el pueblo y, a su vez, el presidente nombra a los miembros del consejo de ministros, éste es el gabinete de gobierno. El problema institucional de Perú radica desde la misma forma en que está diseñada la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Las elecciones del Congreso y del presidente no necesariamente coinciden, por lo que quien asuma el cargo de presidente de la república no necesariamente habrá realizado campaña en conjunto con quienes integrarán el Congreso durante el encargo del ejecutivo. 

El Congreso ―que es unicameral, y por tanto esa cámara de diputado no tiene mayor contrapeso legislativo― cuenta con amplias facultades para controlar la política gubernamental tanto del consejo de ministros como del presidente. Entre sus facultades está la de remover a miembros del consejo de ministros o incluso a éste en su totalidad, así como el de remover al presidente de la república por “incapacidad moral”, lo cual es sumamente ambiguo, aunado a que no existe un plazo de cada cuando se puede ejercer esa facultad ni bajo qué circunstancias. 

En cambio, el presidente de la república también puede disolver al Congreso bajo el supuesto de que éste haya censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros. Como les platiqué, el consejo de ministros puede ser removido en su totalidad por el Congreso, cuando esto pasa dos veces, entonces el presidente de la república podrá disolver el Congreso. Esto suena autoritario, pero no es así, porque la misma Constitución señala qué debe pasar después. En este caso, se deberá convocar a nuevas elecciones para integrar a un nuevo Congreso, la idea es que el nuevo Congreso sea afín ideológicamente al gobierno y así facilitar la gobernanza.

No me atrevo a señalar que la crisis que actualmente se vive en Perú sea un golpe de estado, pues no se están destruyendo las instituciones actuales para ser sustituidas por otras. Como ustedes sabrán, ayer el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, mientras que éste último lo removió del cargo por considerarlo moralmente incapaz para ejercer la presidencia. Por lo que he leído, desde que Castillo asumió la presidencia hace año y medio, su relación con el Congreso había sido tensa, incluso el Congreso jamás aprobó propuesta legal alguna que Castillo le envió. Incluso se hace mención a la remoción constante de miembros del gabinete por parte del Congreso. A lo largo del periodo en que Castillo estuvo a cargo de la presidencia, hubo diversos intentos por parte del Congreso para removerlo por su “incapacidad moral”; esto es, la gobernabilidad fue prácticamente nula. 

En un intento fútil para lograr la gobernabilidad, Castillo disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un nuevo Congreso constituyente para crear una nueva Constitución. Lo dudoso en su actuar es que se arrojó a sí mismo facultades excepcionales para gobernar por decreto durante un plazo de 9 meses en lo que se convocaba al nuevo Congreso ―cuando la Constitución actual prevé 4 meses y la posibilidad de emitir decretos en casos urgentes exclusivamente― y decretó un toque de queda a nivel nacional, y declaró la “reorganización” del sistema de justicia. Todo esto último sonó muy sospechoso, y nos recordó un tanto al llamado autogolpe de Fujimori hace ya cerca de 30 años. 

El Congreso, no obstante, declaró ayer mismo la incapacidad moral de Castillo y lo removió como presidente de la república. En lugar de Castillo, asume la presidencia quien fuere la vicepresidenta de él, Dina Boluarte. Esta sucesión presidencial accidentada se suma a la ya larga lista de sucesiones presidenciales que han acontecido en Perú desde el 2016 ―las cuales han sido ya 6― y pone en evidencia el grave problema institucional que se genera, en mi opinión, desde el diseño mismo de la Constitución peruana. Los peruanos tienen ante sí el deber de buscar la generación de gobernabilidad, quizás deberán reformar su forma de gobierno y buscar algo que se acerque más al parlamentarismo con las garantías necesarias para evitar estas crisis.