¡Fuera cadenas!-¿Y si creamos un nuevo Tribunal Constitucional?

Vaya que le ha dolido al presidente López Obrador la decisión que tomó la Suprema Corte con respecto al “Plan B” de la reforma electoral impulsada por Morena. En las últimas fechas, los actores políticos afines a la ideología del presidente han expresado su repulsión contra la decisión de la Corte. Ya sin que me quede claro si lo decía dientes pa’ fuera o si sí fue en serio, el presidente dijo que en el último mes de su gobierno (septiembre 2024) buscará impulsar diversas reformas constitucionales, entre las que se encuentra una sobre la estructura del Poder Judicial.

Quiero aprovechar el debate que se ha abierto entorno a la estructura del Poder Judicial y me gustaría reflexionar sobre la necesidad de tener dos tribunales en uno, a saber: un Tribunal Superior de justicia ordinaria y un Tribunal Constitucional fusionados en uno solo. Las funciones que cada uno de los dos tribunales desahoga son muy diversos, incluso la incidencia de las decisiones de uno y otro sobre la estructura del Estado es diametralmente distinta.

Por un lado, un tribunal ordinario resuelve conflictos, sea entre particulares, o entre estos y el gobierno. Por ejemplo, el incumplimiento a obligaciones contractuales, la declaratoria de quiebra de una empresa o la devolución del IVA a favor de un determinado contribuyente. Un Tribunal Superior resuelve esa clase de conflictos; no obstante, al ser el tribunal más alto del sistema jurídico, su competencia estaría reservada a conocer de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el sistema jurídico. Dentro de esta clase de asuntos me imagino la legalidad de un crédito fiscal multimillonario, o la validez de los estatutos sociales de una empresa que es concesionaria de múltiples aeropuertos del país, o la aplicación por primera vez en nuestro país de algún concepto o teoría jurídica proveniente del extranjero (como lo fue la condena al pago de daños punitivos en el asunto del Mayan Palace). 

Por su parte, un Tribunal Constitucional está encargado de resolver conflictos entre diversos organismos del Estado (legislativo, judicial, ejecutivo, entidades federativas), así como determinar la regularidad constitucional de leyes. Esto es, las decisiones de este tribunal tendrán un efecto directo en las relaciones de los organismos y estructuras del Estado. Aunque algunos colegas no les guste la idea, un Tribunal Constitucional tiene funciones que inciden en la política, es casi un organismo político. Esto contrasta con las funciones del Tribunal Superior que, como ya vimos, se centra más en cuestiones netamente jurídicas.

En mi concepto, es deseable que los jueces miembros de un Tribunal Superior sean juzgadoras de carrera, y que demuestren tener conocimientos propiamente jurídicos. Por su parte, en la conformación de un Tribunal Constitucional, sí considero necesario que sus miembros tengan mejor conocimiento político por la trascendencia que sus decisiones tendrán en las estructuras del Estado. Quiero aclarar que los miembros del Constitucional sí deberán ser abogados de carrera por la función jurisdiccional del Tribunal, mas no necesariamente que cuenten con carrera judicial.

Mucho se critica cada que un jurista asociado a la función administrativa llega a la Suprema Corte precisamente por la ausencia de una carrera judicial con la que se garanticen los mejores criterios al resolver controversias. Este síntoma (la designación a la Corte de juristas asociados a la función administrativa) demuestra que las funciones como Tribunal Constitucional de nuestra Suprema Corte sí tienen un tinte netamente político. Nuestra Corte mexicana es tanto un Tribunal Superior a medias y un Tribunal Constitucional a medias, ni todos sus miembros son jueces de carrera ni juristas con conocimientos políticos.

¿Por qué no aprovechar este debate iniciado por el presidente para idear un auténtico Tribunal Constitucional independiente de la Suprema Corte? En muchos países así es: España, Italia, Francia, Alemania, y un largo etcétera. En algunos de esos países, las juezas del Tribunal Constitucional se designan una parte por el Ejecutivo, otra por el Legislativo y otra por el propio Judicial. Si tomo la idea del presidente López Obrador de que los jueces sean electos por voto popular, podríamos crear un Tribunal Constitucional donde el Congreso, el Judicial y el Ejecutivo nombren cada quien al 25% de los miembros del tribunal y el resto sea sometido a elecciones. Evidentemente, habrá que establecer ciertas reglas de capacidad y conocimiento mínimas para poder ser juez del Tribunal Constitucional.  

De esta manera, podemos dejar a nuestra Suprema Corte como el Tribunal Superior del país para que resuelva los conflictos jurídicos de mayor importancia y trascendencia, y podríamos garantizar que los jueces miembros de este tribunal sean jueces consagrados de carrera. De cierta forma, los criterios que emita esta Corte sí habrían pasado por el tamiz de jueces expertos. En cambio, en el Constitucional se reservarían los asuntos que incidan en las estructuras del Estado, ello bajo el cuidado de jueces y juezas especializados en la vida política del país.