Suprema Corte invalida primera parte del Plan B de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte del Plan B de reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que en su aprobación se incurrió en violaciones durante el proceso legislativo.

El ministro Alberto Pérez Dayán, quien elaboró el proyecto para declarar inconstitucional el Plan B, explicó que a la iniciativa se le dio un tratamiento de urgente y obvia resolución sin justificación para hacerlo.

Asimismo, señaló que las leyes aprobadas por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, no fueron publicadas previamente para dar tiempo a su estudio y discusión.

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En este sentido, Pérez Dayán propuso declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de esas reformas, debido a esos vicios en el trámite legislativo al momento de discutir y aprobar la reforma impulsada por Morena y sus aliados.

Con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se aprobó invalidar la primera parte del Plan B de López Obrador, al considerarse que existieron violaciones al procedimiento legislativo.

“Me parece que sí existen violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación democrática de las normas”, sostuvo el ministro Arturo Zaldívar, ya que se privó a los legisladores de oposición de discutir en condiciones de igualdad.

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Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat, indicó que: “Nuestras decisiones gustarán a unos y disgustarán a otros”, además, aclaró que esta decisión no prejuzga sobre si esta reforma es acorde o no a la constitución, solo señala que para su aprobación se incumplió con el debido proceso legislativo.

“Invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas. Siempre existe la posibilidad de que esas normas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico, que entrañen ajustes importantes y necesarios para mejorar las instituciones de la Unión y la armonía de nuestra sociedad. Así que la invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios”, señaló Ríos Farjat.

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