¡Fuera cadenas!- ¿A quién se debe?

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del conjunto de reformas relacionadas con “Traslado de las facultades de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional”. Recordarán ustedes que este decreto tuvo como efecto el que la Secretaría de la Defensa Nacional —una instancia militar— asumiera la administración y mando de la Guardia Nacional. La mayoría de ministras y ministros de la Corte determinaron que la Constitución establece que la seguridad pública debe estar a cargo de mandos civiles y no militares, por lo que es inconstitucional el decreto que asignó el mando de la Guardia Nacional a los militares.

El ministro Zaldívar hizo nota por su aparente incongruencia con su propio criterio al haber votado por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada durante el pasado sexenio y juzgada como inválida por la Corte en 2018.

En aquel asunto, el ministro Zaldívar tildó a la Ley de Seguridad Interior como un fraude a la Constitución, porque permitía la participación en la seguridad pública de los militares en ciertos casos. Ante esta aparente incongruencia, medios y redes sociales levantaron sus críticas en su contra.

Un día después de las primeras críticas contra Zaldívar, de manera sorpresiva, él se tomó el momento para contestar a sus críticas durante su intervención en la sesión del Pleno de la Suprema Corte donde se discutía la regularidad constitucional de la asignación de los mandos de la Guardia Nacional a los militares. Esto es, el ministro Zaldívar utilizó el Pleno de la Corte como foro para dar respuesta a las críticas que se le hicieron en redes sociales. Lo anterior, evidentemente, levantó aún más críticas en redes sociales. 

Lo que me parece verdaderamente preocupante, más allá de que un ministro de la Corte utilice las sesiones de Pleno para dar respuestas a las críticas que se realicen en su contra en redes sociales, es la muy poco convincente argumentación planteada por Zaldívar para sostener la razón por la cual sí es congruente con su propia postura al haber votado por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en 2018. El ministro aparenta ir con las corrientes políticas que más le convienen en lo personal, y emplea sus funciones como juez de la Corte para apoyar a sus convicciones personales. 

Desde la misma presidencia de Zaldívar al frente del Poder Judicial de la Federación señalé cierta intromisión no deseable del ministro al ámbito político nacional. Esta intromisión la tildé como no deseable porque las fuerzas políticas del país podrían tener cierta influencia en la forma en que votaría ciertos asuntos que se resuelven en la Suprema Corte.

Esta semana, ello se hizo patente: el ministro se contradijo a sí mismo en aras de sostener la constitucionalidad de la asignación del mando de la Guardia Nacional a los militares. Incluso, llegó a afirmar que la SEDENA es civil porque es una secretaría de Estado. Su postura jurídica parece contradictoria y hasta burda.

¿Por qué el ministro empezó a ser así de incongruente con sus propias posturas jurídicas, a qué se debe, a quién se debe?