¡Fuera Cadenas!- El Estado mexicano alimenta al crimen

El acceso a la justicia es uno de los derechos más importantes dentro de un Estado democrático, pues conlleva la posibilidad de que los ciudadanos acudan a las instancias gubernamentales que resuelven controversias, y con ello se podría evitar la peligrosa actividad de que las personas se hagan justicia por su propia mano. La justicia personal suele guiarse por la venganza, ésta se alimenta por un sentimiento y causa que se pierda objetividad; de ello, se corre el riesgo de que la justicia personal sea desproporcional frente al hecho que causó agravio.

Los operadores de justicia, dentro de los cuales yo incluiría a los fiscales, abogados y jueces, debemos ser conscientes de que la justicia institucionalizada debe facilitarse a las personas que requieren acudir a ella. Yo coincido con Boaventura de Sousa por cuanto a que el acceso a la justicia inicia desde el momento en que una persona se acerca a un abogado para buscar una solución jurídica a un problema que le aqueje. Además, las vías jurídicas previstas en la legislación para acceder a la justicia deben ser prestas, tan sencillas que cualquier persona pueda accionarlas. Por su parte, los jueces deben ser conscientes de que sus decisiones tienen el poder de cambiar el curso de la vida de otras personas.

No obstante, veo que muchos operadores tienden a dificultar el acceso de las personas a la impartición de justicia. El acceso a los tribunales está enredado entre abogados cuyas tasas de honorarios no permiten el acercamiento de las personas más necesitadas a la asesoría jurídica; legislaciones sumamente complicadas que entorpecen la posibilidad de ejercer acciones jurisdiccionales, y jueces que están más preocupados con los números estadísticos de cuántos asuntos egresan de sus tribunales y no cuántos de ellos son verdaderamente resueltos.

Donde más se nota este problema es en el derecho penal, allí donde más le duele a la sociedad. La comisión de crímenes no se investiga ni se sanciona. Lo que es aún peor: el Estado inventa culpables y los somete a procedimientos judiciales eternos mientras los tiene encarcelados. ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple con su deber de impartir justicia?, la gente necesita que se sancione a quienes los agravian, por tanto, alguien habrá de prestar ese servicio. Hoy existe un meta Estado que, si bien no se regula jurídicamente, sí ejerce la fuerza y hace cumplir su voluntad. Ese meta Estado irregular es sumamente eficiente al momento de ejecutar sus acciones, ¿por qué no habría de acudir la gente a esas instancias tan eficientes? Mientras más personas acudan a esas instancias irregulares, más fuerza tendrán frente al Estado.

El mismo Estado mexicano está fallando con su deber de impartir eficientemente la justicia; el Estado mexicano inadvertidamente alimenta el fortalecimiento de las estructuras irregulares del uso de la fuerza. El alejamiento de los abogados de la sociedad que requiere apoyo jurídico, sumado a la complejidad legislativa para ejercer acciones en tribunales y la insistencia de los jueces de deshacerse de asuntos sin que la justicia sea decidida legitima esas estructuras meta estatales irregulares.