¡Fuera cadenas!-La máxima corrupción

El máximo grado de corrupción, a mi juicio, es cuando se emplean las instituciones públicas para perseguir los fines y objetivos propios. Las instituciones de todo Estado tienen la finalidad de brindar servicios y bienes a favor de la sociedad. Por ejemplo, la fiscalía es la institución pública que investiga la comisión de delitos y, en su caso, los persigue para que los jueces impongan las sanciones correspondientes a quienes hubieren cometido los delitos. 

Los individuos que son titulares de las dependencias públicas se deben a la sociedad. Por tanto, los actos que esos funcionarios ejerzan con los recursos de la institución de la que son parte deben ser encaminados a cumplir con los objetivos que las leyes establezcan. Al cumplirse los objetivos que las leyes prevén, se le brindará a la sociedad un beneficio. Los servidores de las instituciones públicas están obligados a realizar los actos necesarios para conseguir esos fines.

Si el servidor público utiliza los recursos que tiene a su disposición con motivo de su encargo para satisfacer sus propios intereses, entonces habría un desvío en sus funciones. Esto es el empleo indebido de las instituciones públicas, por lo que debe entenderse como actos de corrupción. La corrupción no es solo obtener dádivas no autorizadas, sino que también es el ejercicio selectivo de las funciones públicas sin tender al cumplimiento de los objetivos legales. El máximo exponente de esta clase de corrupción es el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien, de la manera más vil, mezquina, egoísta y descarada, utiliza los recursos de la FGR —entre ellos, a un subfiscal subordinado a él— para cumplir su propia agenda. Su agenda personal tiene casos como el de la Universidad de las Américas Puebla, así como el de Alejandra Cuevas. De estos casos ya han sido cubiertos en multiplicidad de ocasiones por diversos medios periodísticos.  

La semana pasada, se filtraron los audios de diversas llamadas telefónicas que tuvo el fiscal Gertz con el subfiscal Juan Ramos López. En esas llamadas ellos dos discuten ciertas cuestiones relacionadas al asunto de Alejandra Cueva. De esas conversaciones se aprecia que el fiscal Gertz utiliza su posición como titular de la FGR para: presionar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtener información privilegiada en franca violación a la igualdad procesal, utiliza a otros funcionarios de la FGR para que litiguen los asuntos personales del propio fiscal, por decir algunos ejemplos. Incluso, el mismo ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha reconocido ser parte de ese mismo juego del fiscal Gertz al haber impulsado entre sus compañeros la inédita atracción del caso de Cuevas.

En cualquier país medianamente democrático esto habría sido motivo más que suficiente como para destituir al fiscal e imponerle sanciones severas para evitar que sus actos de corrupción generen mayores daños al Estado. Sin embargo, vivimos en nuestro México mágico donde no solo no pasa nada, sino que el mismo presidente de la república alienta este tipo de actos corruptos. En su conferencia matutina del lunes pasado, el presidente López Obrador no solo señaló que mantiene confianza en el fiscal Gertz, sino que también señaló que él entendía “…la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia”; la lectura que yo le doy a eso es que está bien que el fiscal Gertz emplee su poder como titular de la FGR toda vez que se siente agraviado en su persona con motivo del fallecimiento de su hermano. Prácticamente da su beneplácito en que se emplee la fiscalía como una oficina personal del fiscal Gertz. 

Esto es el colmo: estamos ante la muestra de la máxima corrupción, y peor aún en un gobierno cuya bandera retórica ha sido la renovación moral y erradicación de la misma corrupción. No nos merecemos esto.