Retrato Ormeta- El papel de la SCJN en el México actual

No cabe duda de que el actual gobierno federal goza de una legitimidad envidiable que le ha permitido concentrar un gran poder que no se había visto en décadas. El presidente de la República ha revivido al moribundo presidencialismo para apabullar al Poder Legislativo, desmembrar a los organismos constitucionales autónomos e incomodar al Poder Judicial, y todo bajo la complacencia de una sociedad civil dividida e iracunda. Los legisladores han aprobado todos los proyectos presidenciales de ley sin moverle una coma, los órganos autónomos sólo han visto como son secados ante la falta de recursos económicos y otros han sido asaltados por miembros cercanos de la 4T mientras tuvimos a jueces constitucionales cercanos al régimen que validaban algunos caprichos presidenciales. Esto es, durante estos últimos años se había desdibujado la división de poderes para dar paso al viejo régimen presidencialista que tanto mal nos ha traído a lo largo de la Historia.

Así es, ante la pérdida de los equilibrios constitucionales para beneficio de la consolidación del poder presidencial, se buscó como último reducto judicializar todos los asuntos políticos para conocimiento del Tribunal Constitucional mexicano con la finalidad de frenar los supuestos atropellos presidenciales. Esto es, se acudió al máximo tribunal del país para que analizara si los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo se sometían a la Constitución, tarea que resultaría sencilla y rutinaria si tenemos en consideración que esa es la función de un tribunal constitucional en condiciones normales. Sin embargo, en un ambiente tan crispado políticamente con una sociedad muy polarizada y con un desequilibrio en la división de poderes, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resulta vital para preservar el orden constitucional aun a costa de asumir un desgaste tremendo y de sufrir del escarnio de una ciudadanía cada vez más hostil.

En efecto, el Poder Judicial no cuenta con la espada de la fuerza de la que sí goza el Poder Ejecutivo Federal al tener bajo su tutela un ejército y no cuenta con la bolsa de dinero con la que sí cuenta el Poder Legislativo al tener bajo su facultad la aprobación y destino del presupuesto público. Válidamente puede afirmarse que el Poder Judicial es el poder más débil porque su fuerza radica en tener fuertes argumentos plasmados en sentencias que logren un impacto positivo en la vida de las personas, por lo que, la elaboración de sentencias no es más que una labor para analizar sí los actos de los otros Poderes se ciñen a la Constitución. Situación nada sencilla al tener en cuenta que por ser el judicial un órgano contra mayoritario que revisa los actos de órganos mayoritarios con legitimidad democrática, se convierte en el órgano revisor que frena deseos democráticos con la palanca llamada Constitución, labor que crispa la relación entre democracia y Constitución, así como pone en tela de juicio el actuar judicial por carecer de legitimidad democrática.

No es el escenario ideal que el Poder Judicial sea el último reducto de defensa al orden constitucional ni de la democracia, pues sí llegamos hasta este punto es porque los demás frenos institucionales están fallando o no están cumpliendo su labor. Este es el caso de México, en dónde el Poder Legislativo está sumido al pie del Poder Ejecutivo, los demás órganos constitucionales están deshidratados, la oposición partidista no tiene rumbo y la sociedad civil se encontraba aletargada, lo que sumerge al Poder Judicial como el último paladín de la democracia, por lo que, sus decisiones serán harto criticadas tanto por el bando ganador de la razón jurídica como por el perdedor porque todo el foco y el equilibrio de los poderes va a recaer justo en la decisión judicial. El desgaste es tremendo porque quizás no todos los asuntos que lleguen al Poder Judicial deben decidirse ahí, pues muchos de estos bien pueden resolverse en la arena política en condiciones en donde haya un correcto funcionamiento de la división de poderes.

El Poder Judicial no tiene más remedio que analizar todos los asuntos políticos que se han judicializado bajo la lupa de la Constitución. Sin embargo, sus decisiones han sido y seguirán siendo criticadas porque un órgano por naturaleza elitista resuelve cuestiones tan complejas apoyadas por mayorías democráticas que cargan sus decisiones de mucha política. El Poder Judicial no saldrá bien parado en una situación así, la presión esta altísima y esto no necesariamente redunda en mejores sentencias ni en mejores actuaciones judiciales.

Ormeta: El Tribunal Electoral tendrá difícil tarea al analizar algunos preceptos del famoso Plan B, sin no recibir su raspón por parte del poder político.